1. Introducción

En 2008, el ciclo económico internacional cambió y se inició lo que se ha denominado la Gran Recesión. En este contexto de crisis económica global, la situación económica general es más favorable en la América latina actual que lo fue en crisis pasadas y, sorprendentemente, es mejor que la que viven algunos de los países de ingresos alto de la clasificación del Banco Mundial, como España o Italia. Se trata, sin duda, de una ocasión excepcional para América Latina tanto por escapar a las graves consecuencias de una crisis económica internacional, como por hacerlo en un contexto político mayoritariamente democrático. Para los países que recientemente han accedido a la vida democrática, la resistencia y la solvencia democráticas, a menudo, se han puesto en cuestión ante situaciones económicas muy graves como la surgida de la Gran Recesión.

Sin embargo, la relativa estabilidad política y la comparativa mejor situación económica de América Latina no deben hacernos olvidar un conjunto de problemas socioeconómicos del continente. La enorme brecha que existe entre el crecimiento del PIB por habitante de Estados Unidos y de los países latinoamericanos es una muestra de esta situación. Este diferencial puede explicarse acudiendo a diferentes variables económicas, político-institucionales, socioculturales,.. Tradicionalmente se ha considerado que una parte importante de los problemas económicos latinoamericanos procedían de factores económicos como, por ejemplo, su inadecuada inserción internacional.

Si bien es cierto que durante la fase de desarrollo económico latinoamericano que se conoce como el modelo primario exportador, muchos países de la región basaron el funcionamiento de su economía en uno o dos productos de exportación, las conclusiones que, durante largo tiempo, establecieron muchos estudios sobre este período no se corresponden con los realizados recientemente. No es nuestro interés discutir sobre este punto, sino subrayar que, en la actualidad, los modelos de inserción internacional de estos países son más complejos de lo que hace creer el pensamiento estándar. Se le ha atribuido y se le atribuye todavía a la exportación de productos primarios de exportación muchos de los males que históricamente ha conocido América Latina, tales como el bajo crecimiento económico, la pobreza y la desigualdad, la falta de modernización de su sociedad, el autoritarismo en su vida política,… Sin embargo, los datos nos dicen que el crecimiento económico durante el periodo primario exportador fue muy elevado, aunque no suficiente para compensar el crecimiento demográfico. También una comparación internacional bastaría para mostrarnos que el desempeño no es el simple resultado de la “lotería de los recursos primarios”1 y que ésta no determina la vida económica, política o social de las naciones.

Teniendo en cuenta el peso de los diferentes productos de exportación en el total de las ventas exteriores de mercancías, se pueden establecer, a partir de la publicación Perfiles Comerciales, 2011 de la OMC, tres grupos de países latinoamericanos. El primero está formado por un conjunto de países especializados en exportaciones agropecuarias. Estos son Argentina, Guatemala, Nicaragua y Uruguay. Son países cuyas exportaciones agropecuarias oscilan entre el 46% y el 72%. En segundo lugar, existe un grupo de países cuyas exportaciones mayoritarias corresponden a combustibles y productos de la industria extractiva. Son Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En este caso, las exportaciones extractivas oscilan entre el 49% y el 75% del total exportado. El tercer grupo corresponde a economías especializadas en exportaciones de manufacturas. Estas representan entre el 58% y el 75% de las exportaciones de países como Costa Rica, El Salvador, Honduras y México.

Bajo este esquema general, existen especificaciones nacionales. Así, Brasil presenta una inserción internacional diversificada con exportaciones manufactureras y agropecuarias, individualmente, algo más de la tercera parte del total exportado; y, las exportaciones extractivas un 28% del total. También Argentina y Guatemala cuentan con un modelo mixto porque el gran peso de las exportaciones agropecuarias se combina con una significativa importancia de las exportaciones manufactureras. Otro caso es Ecuador que combina exportaciones extractivas (56% del total) con exportaciones agropecuarias (34%).

Esta evolución en las especializaciones comerciales, sin embargo, no se ha transmitido a un distinto comportamiento en términos de generación de renta per cápita. Por lo que respecta al PIB por habitante, medido en términos de paridad de poder adquisitivo para el año 2009 y según datos del Banco Mundial, no existen grandes diferencias entre Argentina, Uruguay, Chile y México; esto es, países con diferentes especializaciones comerciales. Tampoco la hay entre Brasil y Venezuela, o entre Guatemala, Bolivia y Honduras.

Por otra parte, existen países como Nueva Zelanda o Noruega con una inserción internacional similar a algunos de los países latinoamericanos, pero cuyos niveles de renta per cápita son muy superiores a los de estos. Nueva Zelanda cuenta con exportaciones agropecuarias que representan el 62% del total. Y, Noruega presenta un 70% de sus exportaciones en los combustibles y productos de las industrias extractivas. Son pues países con perfiles exportadores primarios al igual que una parte de los países latinoamericanos; pero, a diferencia de estos, sus niveles de renta son mucho más elevados. El PIB por habitante de Nueva Zelanda es 1,80 veces superior al de Argentina (país de mayor PIB por habitante de la región en 2009). Ambos países están especializados en exportaciones agropecuarias. Por su parte, el PIB por habitante de Noruega es 3,6 veces el correspondiente a Argentina o 4,2 veces el de la R.B. de Venezuela. Noruega y Venezuela son dos países especializados en exportaciones extractivas.

En definitiva, observamos que los países latinoamericanos tienen similares niveles de renta por habitante a pesar de ser diferente su inserción internacional. Y, también que países como Nueva Zelanda, Noruega o Francia, con especializaciones comerciales similares a las de los países latinoamericanos, cuentan con niveles de renta per cápita muy superiores. En otros términos, las variables económicas (inserción internacional) por sí mismas no pueden explicar el propio desempeño económico de los países (medido, por ejemplo, como el PIB per cápita). Un contraste que pone de relieve la complejidad de los procesos sociales y apunta a la intervención de una variedad significativa de variables en los mismos. Parece, pues, conveniente considerar también variables no económicas a la hora de explicar este diferencial desempeño. Entre el conjunto de variables susceptibles de abordaje, para los fines de esta investigación, hemos seleccionado las instituciones políticas. Si el objetivo final de la investigación es calibrar el papel de las instituciones políticas en el distinto desempeño socioeconómico de los países latinoamericanos para los periodos post-transicionales, en este trabajo pretendemos desarrollar una parte de la misma; a saber: catalogar los diferentes países en función de la calidad de sus instituciones democráticas.

Los factores considerados en nuestro caso están directamente relacionados con los resultados de los procesos políticos y el funcionamiento de las instituciones políticas. De ahí que se hable de calidad de la democracia en América Latina.

Durante las transiciones democráticas de finales del Siglo XX, en América Latina, los analistas tendieron a privilegiar la corrección de los desequilibrios macroeconómicos a los políticos. A diferencia del caso español, se pensó que para que triunfase la democracia era indispensable corregir los problemas económicos. Posteriormente, los científicos sociales pasaron a alterar el sentido de la relación: el asentamiento y consolidación de la democracia era indispensable para corregir los problemas económicos.

Sin afirmar un determinismo, este trabajo estima pertinente considerar que la calidad democrática es un factor importante a la hora de entender el distinto comportamiento económico de los países. Y, en la fase actual de la investigación, el propósito inmediato es establecer categorías de países a partir de la calidad del funcionamiento de sus instituciones democráticas. No se hará un análisis histórico, sino se intentará trazar un retrato de la situación reciente.

La importancia de las variables institucionales se aprecia rápidamente cuando se toma en consideración la distribución de la renta en los diferentes países. A partir del coeficiente de Gini que ofrece el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se pueden establecer distintos modelos distributivos por grupos de países, tomando datos para el período 2000-2010. Un valor de 1 del coeficiente representa la máxima desigualdad y 0 la máxima equidad en la distribución final de la renta. El modelo escandinavo (Noruega, Suecia y Finlandia) presenta un coeficiente de 0,2590; el modelo germano (Alemania y Austria) 0,2870; el modelo francófono (Francia y Bélgica), 0,3285; el modelo de Europa del Sur (España e Italia) 0,3535; África (Marruecos y Etiopía) 0,4045; Estados Unidos, 0,4080; Asia (Camboya, Filipinas e India), 0,4157; América Latina (Brasil, Bolivia y Colombia), 0,5657. Se comprueba pues que América Latina es el continente con mayor desigualdad en la distribución de la renta. Uno de los mayores problemas del continente latinoamericano es la desigualdad endémica en el reparto de la renta.2

La distribución final de la renta es el resultado de la distribución primaria y de la acción redistributiva del Estado. En este resultado intervienen instituciones económicas y políticas que suelen recogerse bajo la expresión “contrato social” y que resultan de suma importancia en la vida social, política y económica de los países. Así pues, la desigualdad crónica pone de manifiesto la importancia de las instituciones en los procesos sociales y económicos. Por ello, para entender el desempeño económico, conviene prestar atención al análisis de las instituciones, en particular en las de carácter político. Nuestro propósito es establecer una agrupación de los diferentes países latinoamericanos en función de la proximidad o lejanía de las características de sus respectivos regímenes políticos. Un análisis que se apoyará en la literatura reciente sobre la calidad de la democracia en América Latina y en la técnica estadística de los conglomerados.

La existencia de un problema distributivo se evidencia todavía más si se tiene en cuenta que países como Chile han conseguido reducir los niveles de pobreza, al tiempo que han conocido un empeoramiento de la distribución de la renta. De acuerdo con los datos de Aguirre Briones (2009), en 1963, la población pobre en Chile suponía el 23% de la pobreza (con el 6% de indigencia) y el coeficiente de Gini era de 0,47. En cambio, en 1990, la población pobre representaba el 38,6% (13% de indigencia), y el coeficiente de Gini tomaba un valor de 0,57. En 2006, el país había hecho grandes avances en su lucha contra la pobreza al reducir el porcentaje de pobres al 13,7%; y, especialmente eficaz fue la lucha contra la indigencia que pasó a representar el 3,2%; pero en cambio el coeficiente de Gini permanecía en 0,54. En Chile, la reducción de la pobreza ha coincidido temporalmente con un aumento en la desigualdad en la redistribución de la renta.

Durante largo tiempo, los politólogos y los políticos latinoamericanos pensaron que la llegada de la democracia implicaba el establecimiento de regímenes con una alta calidad democrática, que la transición democrática y la calidad de la democracia se producían al mismo tiempo. Sin embargo, la evidencia empírica y las consideraciones teóricas de los análisis políticos recientes, muestran que la culminación de las transiciones democráticas latinoamericanas ha conducido a regímenes políticos con una débil calidad democrática. Buena parte de las preocupaciones de la ciencia política latinoamericana se centra en perfilar los problemas de calidad democrática de los países y en hacer propuestas para corregirlos.

Nuestro trabajo se inscribe en esta corriente de investigación al querer categorizar los países latinoamericanos, no en términos de sus transiciones democráticas, sino en relación a la calidad de la democracia que cada transición ha consolidado. Nuestra hipótesis de trabajo es que la calidad de la democracia es un aspecto importante en la explicación del desempeño económico y social del continente. Pero aquí, como hemos dicho, tan sólo perseguimos establecer grupos de países según el grado de su calidad democrática.

Más allá de estas circunstancias, la consideración en torno a la calidad de la democracia puede inscribirse en la lógica de funcionamiento de determinadas instituciones o de aspectos formales de las mismas. En este trabajo más que preguntarnos por la calidad de la acción política emprendida por los diferentes gobiernos, consideramos, como lo hace una parte de la literatura especializada, que la calidad de un sistema político depende de los rasgos institucionales del mismo y, no exclusivamente del uso que los actores hacen de él. Centrarnos en el primero, no presupone infravalorar el segundo, sino establecer etapas en un proyecto de investigación y comporta una visión procedimental de la democracia (ver apartado 2).

El análisis de las instituciones que se lleva a cabo en este trabajo no se centra en las instituciones políticas mismas sino en los resultados que ellas muestran en términos del funcionamiento democrático de cada país. Este último se define a partir de las variables que se presentan en el apartado 3. Se utilizarán como variables un conjunto de medidas relativas a los resultados del funcionamiento de las instituciones políticas y no las mismas instituciones. Por ejemplo, se tomará la participación en los procesos electorales, pero no se compararán las diferentes leyes electorales.

Se trata de un ejercicio cuyos resultados son relativos en varios sentidos. En primer lugar, en el sentido de que se establecerán proximidades o lejanías entre los países considerados. No se prescribe una situación ideal cuyo alcance debiera perseguirse. En segundo lugar, los resultados estarán muy condicionados por las variables que se utilizan para concretizar los diferentes criterios de calidad democrática.

Una vez presentado y contextualizado el objetivo, conviene presentar su estructura. Seguidamente, se justifica con profundidad la relevancia que los procedimientos formales en el funcionamiento de un régimen político democrático y, con ello, la elección de un análisis de rasgos institucionales frente a un análisis de la acción de los actores políticos. En tercer lugar, se presentan las variables y países objeto de estudio y se caracteriza la técnica estadística de los conglomerados. En el cuarto apartado, se describe la percepción que los ciudadanos latinoamericanos tienen de la calidad de sus democracias. En quinto lugar, se presenta un análisis de los resultados de aplicar la técnica a las variables y países seleccionados. En sexto lugar, se establecen las principales conclusiones, y se presta una especial atención a su alcance y limitaciones. El trabajo concluye con la relación de referencias bibliográficas.

2. Democracia procedimental

No cabe duda que la calidad de la democracia depende en primera instancia de los procesos mediante los cuales la población selecciona y controla sus gobernantes, y no tanto de la eficacia del gobierno en la solución de los problemas del país.3 El modo de gobernar es importante, pero se asienta sobre un marco político-institucional que establece las posibilidades de aquel. Se trata de procesos formales cuya característica primera es la legitimidad democrática basada en un acuerdo tácito entre ciudadanos, legisladores y gobernantes (Levine & Mora, 2007: 19). Relacionar calidad democrática con legitimidad democrática implica focalizar el análisis en los procedimientos establecidos para elegir y controlar los gobiernos y para que los ciudadanos influyan en las decisiones. De modo que la calidad de la democracia se asocia más con los procedimientos de resolución de problemas que con la propia resolución efectiva de los mismos o con su contenido concreto, por importante que éste sea.

Las definiciones procedimentales de la democracia descansan en la consideración de un sistema de representación, con participación libre y universal de la población adulta en el marco de igualdad de derechos y reglas del juego también iguales. El análisis integra los procedimientos como los derechos necesarios para que estos funcionen correctamente para decidir quién gobierna, y la forma en que las asociaciones e individuos pueden operar para influir en las decisiones políticas y exigir responsabilidad a los gobernantes. La legitimidad se establece sobre la base de las condiciones de competencia de ofertas políticas alternativas, la participación y los mecanismos para exigir rendición de cuentas y responsabilidad (Levine & Molina, 2007: 19-20).

El funcionamiento correcto de una democracia procedimental exige el cumplimiento de unas condiciones mínimas: ciudadanía inclusiva, acceso abierto y en términos de claridad e igualdad a la actividad política para individuos y organizaciones, libertad de información y organización, y mecanismos formales e informales para asegurar la rendición de cuentas y responsabilidad de los gobernantes. Para Levine y Molina, un análisis de la calidad de la democracia se centra en cinco dimensiones: la decisión electoral, la participación, la respuesta a la voluntad popular (“responsiveness”), la responsabilidad (“accountability”) y la soberanía (Levine & Molina, 2007). Barreda (2010), por su parte, reúne en cinco las dimensiones básicas del análisis de la calidad de la democracia. Tres de ellas son características del concepto de poliarquía: derechos políticos y libertades civiles, responsiveness y participación; y las dos restantes se refieren al control del poder político: estado de derecho y rendición de cuentas.

No obstante, la eficacia de los procedimientos no es ajena al contexto social de su implementación, no resulta de las meras características de los procedimientos por importantes que sean. Así, las elecciones y los sistemas electorales son importantes, pero no basta con prestar atención a las reglas formales de representación, sino también a los factores que afectan el flujo de información y el acceso a éste, a las condiciones de organización y barreras que enfrentan los grupos y candidatos cuando intentan participar democráticamente en la política.

3. Variables y países de estudio

En la determinación del marco político-institucional de los procesos procedimentales conviene retener un conjunto de ámbitos fundamentales. Este trabajo presta especial atención a las libertades civiles, los derechos políticos, la decisión electoral y la participación, el Estado de Derecho y el imperio de la ley, la respuesta a la voluntad popular y la responsabilidad. Sobre esta base, se definen un conjunto de variables para establecer una agrupación de países en función de la similitud de las características de sus respectivos regímenes políticos. Estas variables son las siguientes:

Satisfacción respecto a la democracia Apoyo a la democracia Nivel de democracia percibido Derechos políticos Tolerancia política Votos emitidos en las elecciones presidenciales Limpieza electoral Confianza en los partidos políticos

Libertades civiles Libertad de prensa Índice de percepción de la corrupción Confianza en el sistema judicial Integridad del Sistema legal Eficiencia en el marco legal Estado de derecho Cumplimiento de la ley Desempeño judicial

Los países sobre los que se ha realizado la mayor parte del análisis y sobre los que se han establecido las conclusiones son:

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia

Costa Rica R. Dominicana Ecuador El Salvador Guatemala

Honduras México Nicaragua Panamá

Paraguay Perú Uruguay R.B. Venezuela

Se ha trabajado con 306 entradas. El análisis de conglomerado se ha llevado a cabo utilizando el programa SPSS (versión 19). A tales efectos se ha tomado como definición de distancia la distancia euclidiana al cuadrado, con vinculaciones simple y promedio.

El análisis de conglomerados o clúster permite realizar clasificaciones, taxonomías y reconocimiento de patrones. Es una técnica multivariante que busca agrupar elementos tratando de lograr la máxima homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre los grupos. Permite clasificar un conjunto de objetos o casos en grupos relativamente homogéneos, de forma que en cada grupo (conglomerado o clúster), los objetos tienden a ser similares entre sí (cohesión / homogeneidad -relativa- dentro del conglomerado) y diferentes (disimilares) a los objetos de otros grupos (asilamiento externo / alta heterogeneidad externa) con respecto a algún criterio de selección determinado.

Es una técnica exploratoria, no utiliza ningún modelo estadístico para el proceso de clasificación. La mayoría de los métodos de agrupación son heurísticos, basados en algoritmos.4 Se puede considerar como una técnica adecuada para extraer información de un conjunto de datos sin imponer restricciones previas. En este sentido, puede ser una herramienta para elaborar hipótesis sin imponer patrones o teorías previamente establecidas. Aunque la propia selección de variables presupone un marco referencial.

Estas circunstancias conducen a considerar los resultados, no como una clasificación de las observaciones, sino como una disección de las mismas. Pues, la significación de los resultados depende del conocimiento del analista.5

4. La perspectiva de la calidad y satisfacción democráticas en América Latina

A lo largo de la primera década del siglo XXI, se percibe una ligera mejoría en la valoración que los latinoamericanos otorgan a su país en términos de vigencia de la democracia. Como puede apreciarse en el Gráfico 1, en el año 2010, el 66,82% de los ciudadanos encuestados consideraban que vivían en un país algo o muy democrático, mientras que, en 2004, eran el 63,73%. La evolución favorable ha sido continua con la salvedad de 2006, cuando se incrementa el grupo de respuestas de los que considera su país nada democrático.

A la pregunta de si, a pesar de sus problemas, la democracia es mejor sistema político, el 33,09% de los latinoamericanos se manifestaban muy de acuerdo y el 4,43% muy en desacuerdo. En una valoración de 1 a 7 (1 muy en desacuerdo, 7 muy de acuerdo), el resultado era un promedio de 5,27 (desviación estándar 1,7076), prácticamente un 70% otorgaban una valoración igual o superior a 5. En cambio, en el año 2004, solamente el 47% daba una valoración alta (igual o superior a 5), aunque el promedio era de 5,05 (desviación estándar de 1,7459).

Gráfico 1. Percepción de la democracia en América Latina (2004-2010)

Como hemos dicho en la Introducción, los malos tiempos económicos se vinculan con desafíos para la democracia. Algunas investigaciones sugieren que las poblaciones pobres, más afectadas por las disminuciones de ingreso en la crisis actual, son proclives a apoyar alternativas anti-democráticas.6 Otros consideran que el subdesarrollo económico o las bajas tasas de crecimiento pueden afectar al apoyo a la democracia (Córdova, 2010a). En la actual Gran Recesión, el mejor comportamiento de América Latina respecto a crisis anteriores podría explicar la mejor valoración de la democracia. En 2010, los ciudadanos de Uruguay y Costa Rica tenían una buena percepción del nivel de democracia. Otros países también están por encima del promedio regional como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Rep. Dominicana y Panamá. Experimentan un descenso en el apoyo Argentina, El Salvador, Perú, Venezuela y la R. Dominicana. El declive más abrupto se da en Venezuela.

Gráfico 2.- Niveles de satisfacción con la democracia en América Latina, 2010

Gráfico 3.- Percepción del nivel de democracia en América Latina, 2010

Siguiendo los resultados del Gráfico 4, se pueden identificar grupos de países con similitudes respecto a los niveles de satisfacción con la democracia y de la percepción del nivel de democracia:

Grupo 1	Surinam y Ecuador
Grupo 2	Trinidad y Tobago, Venezuela y Jamaica
Grupo 3	Guyana, México, Argentina, Perú
Grupo 4	Nicaragua, Paraguay, Guatemala
Grupo 5	Colombia, R. Dominicana
Grupo 6	Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador y Honduras
Grupo 7	Haití
Grupo 8	Costa Rica y Panamá
Grupo 9	Uruguay

Podemos concluir que la valoración de la democracia no necesariamente se corresponde a similitudes en los procesos históricos, ni características propias del funcionamiento democrático de cada país. En cambio, puede situarse en otras variables que, aunque encuentren su singularidad a nivel nacional, transcienden los procesos de democratización de cada país.

Gráfico 4.- Dendograma de la valoración de la democracia en las Américas, 2010

BID, DataGov, Governance indicators database, http://www.iadb.org/datagob/home_esp.html

Numeración del dendrograma: 1) Argentina; 2) Belice; 3) Bolivia; 4) Brasil; 5) Chile; 6) Colombia; 7) Costa Rica; 8) R. Dominicana; 9) Ecuador; 10) El Salvador; 11) Guatemala; 12) Guyana; 13) Haití; 14) Honduras; 15) Jamaica; 16) México; 17) Nicaragua; 18) Panamá; 19) Paraguay; 20) Perú; 21) Surinam; 22) Trinidad y Tobago; 23) Uruguay; 24) Venezuela.

De acuerdo con Córdova et al (2010a), la educación y la edad son factores determinantes en el apoyo a la democracia por parte de la ciudadanía. Los estudios de LAPOP7 han puesto de manifiesto la importancia de la educación como mecanismo eficaz para construir una cultura política de apoyo a la democracia y aumentar la tolerancia política. Estos hallazgos explican el mayor respaldo a la democracia en las zonas urbanas frente a las rurales, resultado ya encontrado en estudios anteriores. Si bien existen controversias en cuanto al impacto teórico de la riqueza, en el Barómetro de las Américas 2010, considerando la región en su conjunto se encontró que el aumento de los ingresos está asociado positivamente con un mayor apoyo a la democracia.

Existen otras variables que también explican el apoyo a la democracia en la región. Así, se observa que la disminución en los ingresos del hogar y la percepción negativa retrospectiva de la situación económica personal y nacional se asocian a niveles más bajos de satisfacción. La satisfacción es superior para las personas mayores. Los individuos con más ingresos, mayor educación de zonas urbanas muestran niveles más bajos de satisfacción. Sin embargo, estos efectos son menores.

Al igual que en el caso del apoyo a la democracia y al sistema político, la principal influencia en términos de la satisfacción proviene de la percepción sobre el desempeño económico del gobierno de turno y del Presidente. La satisfacción con el Presidente importa más cuando se trata de la satisfacción con la democracia; esto hace pensar que la percepción sobre cómo está respondiendo el gobierno ante la crisis es importante, pero también el rendimiento general del Presidente en tiempos difíciles lo es (Córdova et al 2010c: 79).

La evidencia a nivel nacional de que las mejoras en la percepción del desempeño económico del gobierno están afectando los niveles de apoyo al sistema se pueden observar en el Gráfico 5. Los promedios de los países se presentan para el cambio promedio en la percepción del desempeño del gobierno y para el cambio en el apoyo al sistema entre 2008 y 2010. El resultado es claro: cuanto mayor es el incremento en la satisfacción con la gestión gubernamental de la economía, mayor es el incremento en el apoyo al sistema. Paraguay, Honduras, Panamá, El Salvador y Chile son los países donde la valoración del desempeño económico del Presidente es mejor. Los tres primeros son asimismo los que presentan un mayor apoyo al sistema democrático.

Gráfico 5.- Cambio en la percepción de desempeño económico del gobierno como predictor de cambio en apoyo al sistema político (2008-2010)

Del Gráfico 6 se desprende que los países con estrecha proximidad son Brasil, Chile, Bolivia; y El Salvador, México. Los de mayor lejanía son Costa Rica, Paraguay; y Venezuela. La formación de conglomerados no resulta fácil ya que hay mucha distancia y no existe suficiente proximidad entre los países considerados (con la salvedad de los países citados). En cambio, el Gráfico 7, donde se ha ampliado el número de países y de variables -la situación de los derechos políticos y la tolerancia democrática- es más fácil observar la formación de grupos. Este resultado apunta a una heterogeneidad entre los países latinoamericanos, como se confirmará ulteriormente.

Gráfico 6.- La valoración de la democracia en América Latina (1/2)

Numeración del dendrograma y fuente: ver Gráfico 4.

Gráfico 7.- La valoración de la democracia en América Latina. Dendrograma de una selección de países (2/2)

Numeración del dendrograma y fuente: ver Gráfico 4.

5. Presentación y análisis de los resultados

5.1. Procesos electorales

A la luz del Gráfico 8, se puede considerar la existencia de dos grandes grupos de países en términos de similitud de las características de los procesos electorales: 1) Chile, Panamá, Costa Rica y Uruguay; y 2) los restantes países considerados. La distancia entre ambos grupos permite hablar de dos categorías. En relación al primer grupo, sobresale la proximidad entre Chile y Panamá. La distancia con los otros países es superior. Por un lado, estarían Colombia, Guatemala, Honduras y México; en segundo lugar, Bolivia y Perú.

En la segunda categoría, se pueden hacer subdivisiones. Así, El Salvador y Paraguay conforman un subgrupo menos próximo a los otros países miembros de esta segunda categoría. En lo que respecta a los restantes países de esta categoría, las afinidades serían: en primer lugar, Colombia, Guatemala, Honduras y México conforman una primera agrupación; en segundo lugar, estaría Bolivia y Perú; en tercer lugar, un extenso grupo formado por Argentina, Nicaragua, Brasil, Venezuela, R. Dominicana y Ecuador; y, por último, estarían El Salvador y Paraguay.

5.2. Los procesos electorales y los partidos políticos

En algo más de 30 años de vigencia de democracia electoral como mecanismo de acceso al poder político, los electores latinoamericanos han vivido años de intensidad electoral. Así, entre 2005 y 2006, 11 países sometieron a elección a sus presidentes de la República: Brasil, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y México; lo que supuso la renovación del 61% de los mandatos. 1989 y 1994 también fueron años de intensa actividad. 9 países en 1989 celebraron elecciones presidenciales (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay); y 8 en 1994 (Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, R. Dominicana y Uruguay).

Los procesos electorales de 2006 se caracterizaron por ser competitivos y con votaciones cerradas; los presidentes electos procedieron mayoritariamente de partidos políticos institucionalizados; existió una amplia continuidad de los partidos instalados en el poder; se produjo un relativo ascenso al poder de aquellos con cierta filiación de izquierda; la reelección tendió a consolidarse; y, se manifestaron tensiones en las relaciones entre poder legislativo y poder ejecutivo (Mora et al 2008: 109).

Gráfico 8.- Dendrograma de los procesos electorales (Año de referencia 2010)

Numeración del dendrograma y fuente: ver Gráfico 4.

La alta competitividad electoral llevó a una segunda vuelta a más de un tercio de los procesos. Especialmente reñida fue la elección en México. La fuerte filiación partidista de los candidatos podría interpretarse como el final de la crisis de los partidos políticos como representantes del poder político, y la decadencia de los outsiders de la década de los 90. En esos años, la desconfianza en los partidos y parlamentarios propició la llegada de líderes como Fernando Collor de Mello, Alberto Fujimori, Abdalá Bucaram, Carlos Menem, Hugo Chávez y Vicente Fox (Mora et al 2008: 109).

A pesar de este renovado protagonismo de los partidos políticos, éstos son las instituciones políticas en las que menos confían los ciudadanos. En 2004, casi el 40% de los encuestados por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) no confiaban en ellos. En 2010 la respuesta mejoró.

A pesar de esta tendencia favorable, los partidos inspiran mayores respuestas “ninguna confianza” y menores respuestas “mucha confianza”. En el extremo contrario, la Iglesia es la institución que más confianza ofrece y menos desconfianza. Entre ambos se sitúan de mayor a menor confianza, Gobierno Nacional, Presidente, Fuerzas Armadas, Medios de comunicación, Política, Congreso, Tribunal Electoral y Poder Judicial. Por otra, parte, el descrédito de los partidos contribuyó al personalismo y neopopulismo en algunos países. En cambio, en otros países la mejoría en la confianza podría ser el resultado de una mejor acción presidencial y gubernativa.

Gráfico 9. Confianza de los latinoamericanos en los partidos políticos

Esta situación no es ajena a la frecuente disparidad entre el color político del partido al frente de la presidencia y el que tiene mayoría dentro del congreso del país. Un fenómeno descrito, por algunos analistas, como de gobiernos divididos, resultado de la coexistencia de un sistema de partidos plural con un sistema presidencial centralizado. Un sistema que manifiesta limitaciones en el funcionamiento de la acción política al paralizar en el congreso las reformas propuestas por el ejecutivo.

Los partidos políticos han sido criticados desde distintas orientaciones por su pobre desempeño, su falta de transparencia, su inoperancia a la hora de asegurar sus funciones. En diferentes ocasiones, ello se ha visto reforzado por la emergencia de liderazgos carismáticos que cuestionan su propia existencia (Cabeza Rincón, 2010).

En la región andina existe una mayor correlación en los resultados entre el ámbito legislativo y las gobernaciones que entre las elecciones presidenciales y las legislativas. Para Cabeza Rincón (2010: 94), la situación estaría motivada por la existencia de un fuerte componente regionalista en la distribución del poder. Y, en nuestra opinión, este resultado concuerda con la división existente entre Presidencia y poder legislativo y resulta de la propia dinámica electoral y política que conforma un debilitamiento institucional.

Al comparar las elecciones presidenciales con las legislativas, se observa que son pocos los partidos que han logrado acceder a la presidencia. La desconfianza de los ciudadanos o el no otorgamiento de legitimidad a los partidos políticos y la tendencia a apoyar candidatos o partidos antisistema, cambiar de preferencias electorales con facilidad o, simplemente, no participar en los procesos electorales serían las manifestaciones de una crisis de representación cuyas causas son:

• mal funcionamiento del Estado, falta de seguridad ciudadana, corrupción, falta de crecimiento económico.
• deterioro de las condiciones sociales, mantenimiento o agravamiento de la desigualdad, pobreza e indigencia; brecha de la desigualdad8 (Mainwaring et al 2008).
• monopolización de la representación política por parte de los partidos tradicionales, identificados como responsables del deterioro de la situación política, económica y social. Los ciudadanos concluyen que la sucesión de partidos y actores en el poder no conduce a un cambio de sus condiciones materiales.

Los partidos políticos de la región andina, se han caracterizado por ser organizaciones poco institucionalizadas, con una escasa correspondencia entre normas formales y prácticas reales, muy vinculadas a liderazgos personalistas sin programas que articulen el funcionamiento del partido y en donde los vínculos entre líderes y militantes han estado mediados por el clientelismo, el padrinazgo o el patronazgo (Alcántara, 2004). El ascenso al poder de Fujimori en Perú y de Chávez en Venezuela, serían dos ejemplos del cuestionamiento de los partidos políticos. Aunque otros países pusieron en marcha reformas hacia una mayor democratización del sistema, fue sin consecuencias directas en el funcionamiento de la democracia.

En términos de participación electoral, la posición de América Latina es positiva. Se encuentra en segundo lugar, tras Europa Occidental igualada a Asia, como un espacio de participación de la población en las elecciones, por delante de Norteamérica (Gráfico 10). El aumento y estabilización de la participación electoral se ha visto acompañado de una elevada volatilidad electoral.

Gráfico 10. Participación electoral en diferentes regiones del mundo (2001-2009)

La participación electoral es compatible con una debilidad en los contenidos de las propuestas electorales. En muchos países los programas de los partidos políticos, que deberían contener los términos de un contrato electoral y el contenido de las opciones del votante, son precarios, genéricos o esquivan la proposición de políticas públicas para alcanzarlos. Así pues, la calidad de la opción se resiente y los votantes sienten que no deciden entre opciones. La pobreza programática deriva por el voto al individuo, al candidato o a la estrella mediática (SGOEA-PNUD, 2010).9

En Europa, se apunta a la desideologización, individualización y secularización de la sociedad como las causas de la crisis de organización de los partidos políticos.10 Las causas en América Latina serían la alta afiliación a organizaciones religiosas y la débil calidad democrática.

Como se ha dicho, el malestar de la ciudadanía con los partidos no se ha traducido en alta abstención electoral. Las tasas de participación se mantienen estables, a pesar de que ha sido frecuente el acceso de Presidentes sin apoyo de partidos o la concurrencia a las elecciones presidenciales con respaldo de un partido propio de reciente creación.

Esta práctica personalista, resultado de la debilidad de los partidos, también lo es de la carencia de grupos de pensamiento que nutran el debate.

La pobreza de las propuestas en el momento de elección de los representantes desemboca en una fuerte personalización de la contienda electoral que, en los casos más extremos, lleva a la aparición de líderes mesiánicos. Frente a la escasa diferenciación de las ideas, los atributos del candidato toman un papel central, que de otro modo serían marginales. (SGOEA-PNUD 2010: 108).

5.3. Rendición de cuentas y democracia en América Latina

La dimensión de «responsabilidad» remite a los mecanismos institucionales y sociales que someten a los funcionarios públicos (elegidos o no) a la rendición de cuentas y la posible sanción (Mainwaring et al 2008). La responsabilidad es formal y se encuentra institucionalizada en leyes y normas administrativas. Para que podamos hablar de una relación de responsabilidad, basta que exista el poder potencial de imponer sanciones, y que tal relación esté formalmente establecida en la ley. La responsabilidad es también informal (responsabilidad social o societal accountability) y se refiere a la acción de los movimientos sociales (contra violaciones a derechos humanos, contra la corrupción, etc.). Esta responsabilidad se dirige a movilizar a la opinión y a ejercer presión pública para juzgar y sancionar a funcionarios.

De acuerdo con O’Donnell, la responsabilidad horizontal se exige por medio de instituciones del poder público que ejercen los denominados «frenos y contrapesos» (jueces, contralorías, legislatura). Para Barreda, con el Estado de Derecho, se garantiza la existencia de un sistema legal que hace efectivos los derechos políticos, las libertades civiles y los mecanismos de rendición de cuentas. Sin un vigoroso Estado de Derecho, la igualdad y la dignidad de los ciudadanos están sometidas a un elevado riesgo. Para Barrera, la independencia del poder judicial es la base del Estado de Derecho.

La responsabilidad vertical la exigen los ciudadanos mediante las elecciones o referendos revocatorios que pueden ser foros e instrumentos para evaluar y sancionar a los funcionarios. La responsabilidad horizontal tiene como uno de sus elementos el grado de vigencia del Estado de Derecho en cuanto a la posibilidad de exigir judicialmente que se asegure la legalidad de la actividad gubernamental. Por su parte, el nivel de calidad relativo a la vigencia de la responsabilidad vertical exigida mediante elecciones claramente variará en función de la calidad de los procesos electorales (Levine & Molina 2007: 26-27).

Desde la perspectiva de la Rendición de cuentas, en una democracia, el gobierno y los representantes políticos están sujetos a tres tipos de mecanismos que ponen límites a posibles abusos de poder: 1) Rendición de cuentas vertical, por medio de los procesos electorales justos y regulares; 2) Rendición de cuentas horizontal, por la intervención de instituciones estables; 3) Rendición de cuentas social, por los diferentes grupos de la sociedad civil o de la acción individual.

Dos indicadores de la rendición de cuentas horizontal son: el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional11, que vincula eficacia de las instituciones estatales de control, especialmente en el ámbito judicial; y, la garantía de la libertad de prensa de Freedom House.12 Además, el Banco Mundial ofrece un indicador que resulta de agregar varios relativos al grado de protección de los derechos de propiedad, la aplicabilidad de contratos, la independencia del poder judicial o la eficacia del sistema legal y sirve de aproximación a la responsabilidad horizontal.

La «Respuesta a la voluntad popular» es entendida como el grado en que los gobernantes, los políticos y los líderes actúan de acuerdo con las preferencias de los ciudadanos. Aquí se distingue el liderazgo democrático de quienes actúan como caciques o caudillos, y también de quienes durante la campaña electoral dicen lo que la población quiere escuchar, para luego tomar una dirección diferente sin primero convencer al público de las ventajas de su nueva posición. Para Levine y Molina (2007: 27-28), responder a la voluntad popular no remite a los resultados de la acción política, pero sí al contenido y propósito de ésta. Tampoco alude al cumplimiento de las promesas electorales.

El indicador más utilizado para reflejar esta dimensión es el nivel de satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento de la democracia que ofrece el Latinobarómetro.13 Como ya se ha indicado, el peligro de este indicador es que las respuestas pueden estar más en función del funcionamiento de instituciones concretas o de la aprobación de la gestión de un gobierno.

5.4. Responsabilidad y rendición de cuentas

La responsabilidad en la acción política y la rendición de cuentas es consustancial con la democracia. Una flaqueza en ambos aspectos queda patente en los niveles de corrupción. Se considera que la corrupción es endémica en América Latina aunque la situación de algunos países es mejor que la existente en África, el Sudeste asiático e, incluso, el sur de Europa (Gráfico 11). La corrupción es consecuencia de un sistema ineficaz de controles o un manejo inadecuado o ilegal del gasto público. Quién comete un acto corrupto está en una posición de poder y recibe algún tipo de beneficio que es ilegal o no procedente. La corrupción ocurre en el sector público y privado y puede comportar soborno (en contratos públicos, por ejemplo), nepotismo14, malversación de fondos, desfalco, o extorsión.

En 2011, Chile y Uruguay son los países latinoamericanos con mejor comportamiento en términos de corrupción según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Su situación es idéntica o superior a la de Francia y, mucho mejor que la de países como Portugal, España o Italia. El promedio del continente es similar a la situación de Grecia. Los países que superan el promedio son Costa Rica y Brasil. En torno al promedio se encuentran Colombia, El Salvador, Panamá, Perú, Argentina y México. Por debajo, se sitúan R. Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.

Gráfico 11. Índice de Percepción de la Corrupción, Transparencia Internacional (2011)

Fuente: elaboración a partir de Transparencia Internacional.

Gráfico 12.- Dendrograma sobre la Responsabilidad y rendición de cuentas

Numeración del dendrograma y fuente: ver Gráfico 4.

Del Gráfico 12 sobresalen los siguientes aspectos: 1) aunque existan diferencias entre los diferentes agrupamientos, Chile, Uruguay y Costa Rica se distancian del resto de países; 2) los grupos de países con mayor proximidad en términos de rendición de cuentas son Bolivia, Nicaragua, Honduras, Panamá y El Salvador, por una parte, y Argentina, Paraguay y Guatemala, por otra.

6. Consideraciones finales

El Gráfico 13 está elaborado con la misma metodología que los anteriores y con las variables tratadas en los apartados anteriores. Del resultado se puede extraer que existen unos países que forman un grupo relativamente pronto en términos de distancia. Son Brasil y la R. Dominicana, a los cuales se les unirá posteriormente El Salvador; Guatemala y Honduras, Colombia se añade posteriormente, y México a una mayor distancia; Ecuador y Paraguay, y Argentina, más tarde; Costa Rica y Panamá que se vinculará con el grupo de Brasil; y, Bolivia y Nicaragua, a los que se añadirá Perú. Venezuela se incorpora a todos los países anteriores formando un único clúster. Por último, Chile y Uruguay se caracterizan por presentar diferencias entre ellos y a gran distancia de los anteriores.

De la combinación de las variables consideradas previamente sobre los 18 países latinoamericanos obtenemos el Gráfico 14. En este gráfico se ha seguido, como en todos los casos anteriores, el conglomerado jerárquico, se ha hecho uso de la distancia euclídea al cuadrado, pero se ha utilizado el método del más vecino. Del gráfico podemos establecer características generales y específicas a las agrupaciones obtenidas. La primera sería que, a diferencia de los dendrogramas anteriores, las distancias entre los países necesarias para obtener las nuevas agrupaciones son más importantes con la excepción de dos casos. El primer grupo, está constituido por Brasil y la R. Dominicana; y, el segundo agrupa a Guatemala y Honduras.

Gráfico 13.- Dendrograma sobre la Democracia en 18 países latinoamericanos

Numeración del dendrograma y fuente: ver Gráfico 4.

Gráfico 14.- Dendograma sobre la democracia en América Latina

Numeración del dendrograma y fuente: ver Gráfico 4.

La segunda observación es la presencia de tres países solitarios. El primero es Venezuela que, a la luz del dendrograma, no guarda proximidad con los restantes países. Las características que su sistema democrático presenta son muy diferentes del resto. Los otros dos países solitarios son Chile y Uruguay. Estos forman un grupo junto con los restantes países latinoamericanos a partir de la misma distancia.

La R. B. de Venezuela presenta rasgos institucionales de funcionamiento de su sistema político democrático que le otorgan individualidad. Asimismo, atendiendo al análisis anterior, Chile y Uruguay pueden ser caracterizados como parte del grupo de países con mejores niveles de calidad democrática. Según este análisis, en este grupo tendría que estar Costa Rica. Sin embargo, junto con Panamá, se adhiere al grupo que conforman la mayor parte de países considerados antes de hacerlo con Chile y Uruguay.

En términos de vecindad, al grupo inicial formado por Brasil y la R. Dominicana, se une Ecuador, Paraguay, Bolivia, Nicaragua y el Salvador. A estos seguidamente, se les incorpora Perú. Mientras que al grupo de Guatemala y Honduras, se le añade Colombia. El siguiente conglomerado está formado por la unión de ambos grupos.

Puede concluirse que la distancia entre los países es significativa. Y existe una disparidad entre los resultados cuando se aborda en términos de las agrupaciones de variables realizada en los apartados anteriores. Consecuencia de ello, es necesario realizar una revisión de las nociones de distancia y de otros aspectos metodológicos, así como de las variables consideradas y de las métricas utilizadas. No obstante, los resultados obtenidos con los cambios metodológicos introducidos en el Gráfico 13 y 13, en términos de formación de conglomerados y de los países que los conforman, no son significativos.

Por otra parte, el hecho de que la distancia entre los países sea menor cuando se realizan conglomerados por grupos de variables que cuando se efectúa para el conjunto de las variables, conduce a la conclusión de que existe una importante heterogeneidad en las características de las instituciones políticas de América Latina. Dicho de otro modo, una parte de los países latinoamericanos comparten algunas consecuencias del funcionamiento de sus instituciones políticas, pero no lo hacen en otras, dando pie a que ligeras diferencias de diseño y de funcionamiento de sus instituciones políticas propicien resultados políticos diferentes.

Esta conclusión merece dos observaciones adicionales. El hecho que los países latinoamericanos se muestren heterogéneos en los perfiles institucionales y en los resultados de las mismas, hace que las instituciones políticas sean una variable susceptible de explicar, en parte, la divergencia económica y de resultados socioeconómicos que vive el continente y que hemos evocado al principio de este trabajo: la heterogeneidad en la calidad democrática de los países latinoamericana es una buena candidata para explicar las diferencias socioeconómicas del continente.

Por otra parte, la heterogeneidad en la calidad democrática del contiene que se ha descrito aquí, también sería compatible con los trabajos que toman como variable explicativa fundamental, no el diseño de las instituciones políticas, sino el papel de las élites políticas y del liderazgo político.