Seis semanas antes de dimitir Adolfo Suárez de la presidencia del Gobierno español, José María Castaños, director del periódico madrileño Ya, escribía: “Quien tenga la habilidad de contar con esos “poderes fácticos” se habrá hecho con el poder auténtico de la nación no sólo por la vía representativa democrática, sino por el realismo pragmático de apoyarse en los verdaderos ostentadores del poder”.1 En el contexto español del momento, Suárez distaba mucho de ser ese afortunado político al hallarse sometido a una inmisericorde presión, no sólo por parte de ciertas instituciones constitucionalmente reconocidas – como, por ejemplo, la Corona – sino de otras que, sin tener competencias legalmente reconocidas para intervenir en las estructuras políticas nacionales, y aún menos modificarlas, no dejaban por ello de actuar, directa o indirectamente. Con un objetivo perfectamente establecido: conseguir orientar el devenir de la nación hacia aquellos derroteros que, según ellas, mejor le convenían al país. Aquellos poderes fácticos no eran otros, como bien apuntaba Castaños, que las Fuerzas Armadas, la patronal, la Iglesia, los Sindicatos… y los medios de comunicación que sin embargo, y muy oportunamente, el director del Ya olvidaba incluir en el repertorio.2 Con todo, quedaba claramente expuesto que, a pesar de todos los pesares, el verdadero poder no se hallaba necesariamente en los representantes democráticamente elegidos por el pueblo. Todo esto quedaba expuesto apenas dos años después del referéndum por el cual se aprobó, con mayoría inequívoca, una Constitución. De ahí el interés suscitado, en el marco de las jornadas de estudio desarrolladas anualmente entre 2011 y 2013 en la Universidad de Borgoña, por la actuación de esos poderes fácticos en períodos tan cruciales como las transiciones desde una dictadura hacia una democracia, con el interrogante implícito: ¿esta última podía serlo realmente de pleno ejercicio cuando la evidencia de unos poderes legislativo y ejecutivo mediatizados por los “fácticos” era ya tan pública que ni provocaba atisbo de indignación o siquiera de preocupación ? Para contestar a la pregunta, se hace patente la necesidad de sentar las bases del modo de funcionamiento de esos grupos, para determinar si, efectivamente, actuaron como un freno al proceso democratizador o, al contrario, como acicate. O incluso de ambas formas, en función del momento, del ritmo del cambio, de su orientación o de su impacto.

Si nos atenemos a una definición clásica, poder fáctico es todo aquel, según la RAE, que “se ejerce en la sociedad al margen de las instituciones legales, en virtud de la capacidad de presión o autoridad que se posee”. Queda pues expuesto su carácter alegal. De esta misma indefinición jurídica, de esta ambigüedad entre lo no reconocido oficialmente y lo no prohibido taxativamente, nace sin duda la verdadera fuerza de todo poder fáctico. Si dicha realidad puede resultar más inmediatamente comprensible en un régimen dictatorial, la recuperación de las libertades ciudadanas no conduce necesariamente a una erradicación simultánea de los poderes de hecho. Ya en 1862, en su conferencia “Qué es una Constitución”, Ferdinand Lasalle había catalogado y definido la existencia de grupos de individuos o de instituciones que, amparándose paradójicamente en la ausencia misma de cualquier derecho, legalmente reconocido para intervenir en la conducción de los asuntos de Estado, hacían de esa irresponsabilidad jurídica el verdadero pivote de su capacidad de influencia en la vida política. Eran, como sentenció en su conferencia el fundador del primer partido socialista europeo, “la suma de los factores reales de poder que rigen en un país”. Se ponía así el dedo en la llaga de lo que aparentemente era el funcionamiento auténtico de todo sistema representativo: la disyuntiva entre la realidad del ejercicio del poder y los poderes reales que ejercen de modo “ademocrático”. De la capacidad operativa de la coexistencia de ambas realidades dependería en suma la estabilidad global del sistema. En otras palabras, poder fáctico es todo aquel grupo que dispone de una influencia real y determinante para orientar – o incitar a orientar – un proceso político determinado en una dirección predefinida, hasta el punto de conseguir estructurarlo – o desestructurarlo… – en función de sus propios intereses. Aunque siempre en nombre de la primacía otorgada a la salvaguarda de lo nacional. Y, también es cierto, sin que exista forzosamente una irreductible dicotomía entre intereses de grupo e interés nacional. Ahora bien, y resulta ser nueva paradoja, esa influencia nunca aparecerá como asumida públicamente – y menos aún reivindicada – por quienes detienen esa potestad. Sobre todo en un sistema democrático con una Constitución teóricamente conceptuada como el alfa y omega de la esencia legitimadora del ejercicio del Poder. Es una regla básica que, como todas, tiene sus excepciones. Así, y como señala José Cavero, se pueden dar casos de atroz cinismo – pragmatismo político dirían los encartados – como ejemplificó en España la banda terrorista ETA cuya acción terminó por erigirla, durante buena parte de su sangrienta existencia, como auténtico poder fáctico. Y, contrariamente a los demás, la reivindicación pública formaba obviamente parte de su estrategia política. (Cavero 1990: 23) Si exceptuamos estos casos extremos, la no asunción abierta de su propia capacidad de acción forma parte de los elementos sustanciales del verdadero poder que se ejerce. Ello se explica sin duda por el hecho de que en un sistema democrático o pre-democrático, como lo muestran diferentes trabajos recogidos en este volumen, reconocerse como tal poder implicaría aceptar implícitamente un desposeimiento consciente y voluntario de la soberanía del pueblo soberano, al servicio del cual todo debería estar supeditado. En suma, sería reconocer públicamente que la democracia de que esa misma sociedad disfruta, o aspira a disfrutar, no es sino parcial y que, cuando menos, se halla mediatizada por entidades o instituciones que, en su actuación, se autoeximen de las reglas de convivencia y de expresión impuestas al resto de la sociedad. Empezando, claro está, por el voluntario sometimiento a la voluntad soberana del Pueblo. En cierto modo, tal privilegio podría resultar del propio funcionamiento – y, en consecuencia, de sus necesidades inherentes – de un sistema fundamentado en la representación popular. En efecto, al limitar el número de los auténticos representantes de los tres poderes definidos por Montesquieu, se delimita igualmente el círculo restringido en el cual se toman las decisiones para el conjunto de la sociedad. No es sino una de las expresiones de lo que, ya en 1928, Edward Bernays – padre de las relaciones públicas – calificó como “gobierno invisible”, de vital importancia para el buen funcionamiento de una democracia. Una minoría a la cual, frente a la necesidad de canalizar la previsible tendencia centrífuga de todo sistema representativo, “nous avons donc volontairement accepté de laisser […] le soin de passer les informations au crible pour mettre en lumière le problème principal, afin de ramener le choix à des proportions réalistes”. (Bernays 2007: 32) Sería pues una práctica saludable para evitar el surgimiento de lo que Bernays llamó “el caos” que impediría desarrollar cualquier política racional. Sólo que, paralelamente, señala a aquellos colectivos no necesariamente legitimados constitucionalmente el grupo de interlocutores sobre los cuales buscar ejercer una influencia, no de ciudadano a ciudadano, sino de institución a institución. En suma, de poder a poder. Una consecuencia práctica de tal realidad, aplicada a los casos que nos ocupan, fue finalmente el advenimiento, por ejemplo en España, de lo que se bautizó como “transición vigilada”, en referencia directa al temor que, aun después del fracaso del 23-F, seguían inspirando las Fuerzas Armadas. Bien mirado, no era más que un aspecto posible de lo que Hungtinton – asesor del Departamento de Estado norteamericano y de la Trilateral – teorizó como democracia controlada”. Para Joan Garcés, y siguiendo con el caso español, significaba “sustituir la movilización en torno a las reivindicaciones de soberanía y libertades democráticas por la apatía y la indiferencia, inherentes a una democracia controlada, que legitimara la sucesión del franquismo sin alterar las estructuras socio-económicas que lo sustentaban – excepto en lo que facilitara la circulación del capital internacional”. (Garcés 2008: 178) Por ello, según el sociólogo chileno Hugo Zemelman, “la democracia en algunos contextos es el mecanismo legitimador de los poderes fácticos”. (Zemelman 2002) Para concluir finalmente, y apoyándose en el caso de Televisa en México también objeto de estudio en los textos que siguen, que al sacar a la luz los métodos y las finalidades de tales instituciones y grupos “se está haciendo un trabajo a favor de la democracia porque usted la defiende “destrabando” su atrapamiento de los poderes fácticos”.3 Ahora bien, que un sistema democrático de nuevo cuño no sea óbice para que sigan actuando los diferentes poderes de hecho, se debe en gran parte a que, en un proceso transicional, el papel que ejercen estos últimos dista mucho de ser secundario. Para bien o para mal. Esa misma traba de la que habla Zemelman y que habría que superar, se manifiesta, más que por el ejercicio directo de un poder en la esfera pública, por el establecimiento de relaciones de poder asimétricas entre los llamados por Huntington “productores de decisiones democráticamente elegidos” y los “grupos no elegidos democráticamente”. (Hungtinton 1994: 23) Según él, pretender que tal tipo de conexión dejara de existir sería no sólo utópico sino incluso peligroso para la misma existencia y consolidación de una democracia naciente. Con todo, la diferencia entre un régimen auténticamente representativo y otro que sólo conservaría una fachada democrática provendría de la intensidad, el alcance y la jerarquía de esas relaciones asimétricas. Todo esto para aclarar las diferentes vías a través de las cuales los poderes fácticos pueden ejercer una presión u ofrecer un apoyo, en función de la realidad del momento o de las necesidades propias. Concretamente, el Ejército pudo así imponer de entrada unos límites a la acción democratizadora o, al contrario, inhibirse, para dejarla desarrollarse según unos parámetros liberalizadores considerados necesarios. La Banca, por su parte, buscó favorecer las opciones que no supusieran un añadido de inestabilidad social a la incertidumbre política. En cuanto a los medios de comunicación – sin llegar necesariamente, como afirmó García Trevijano, a hacer de los partidos políticos simples marionetas en sus manos (Cacho 1999: 104) – no dudaron en transformarse en lo que Noam Chomsky llamó en su día “la fábrica del consentimiento”. La Iglesia, por su parte, tuvo un papel determinante, de manera algo similar a las Fuerzas Armadas, por su capacidad para erigirse en actor político de primer orden – caso de Polonia – o por adoptar implícitamente una posición de no beligerancia frente a unos cambios que, a primera vista, podían suponer un cuestionamiento de fondo de las estructuras sociales imperantes anteriores al proceso democratizador. Si los intereses de esos grupos coincidían, parcial o totalmente, con la línea marcada por los poderes de iure, la transición pudo entonces verse agilizada. Pero, a través de la presión ejercida – desde, por ejemplo, el lobbying hasta el “ruido de sables”, pasando por las financiaciones ocultas a los partidos políticos o las amenazas más o menos soterradas a los gobiernos legalmente elegidos4 (Cacho 1999) -, los poderes fácticos pudieron también conseguir imponer decisiones no contempladas originalmente, o incluso rechazadas, por las instancias democráticamente elegidas. Con la ventaja añadida de que la responsabilidad última ante la Nación recaería – para lo bueno y, sobre todo, para lo malo – en los poderes de iure, precisamente por serlo.

Ese entramado de poder, o de relaciones de poder, es el eje en torno al cual giran las diferentes aportaciones que conforman este volumen y que estudian cómo pudieron impactar en los procesos democratizadores de unas sociedades que tenían por fin la oportunidad de plantearse, teóricamente sin intermediarios o condicionantes, el cómo y el cuándo de su propio porvenir. El ahondar en esos períodos de transición política hacia la democracia resulta tanto más imprescindible cuanto que, con el paso del tiempo, las sociedades que accedieron a ella, y que se vieron marcadas por el ejercicio de esos poderes fácticos, han podido tender a integrar sus prácticas como engranajes no tanto ya normales sino incluso hasta necesarios para el feliz mantenimiento de un régimen de libertades. El llamado “pacto de silencio” en España o las “leyes de punto final” en Argentina podrían incluirse en esa dinámica de construcción de una lógica de convivencia en la cual el consenso aparece como la condición incuestionable para una coexistencia nacional pacífica. Tal consenso se comprendería como el establecimiento de límites más allá de los cuales a los regímenes democráticos nacientes les estaría vedado ir, so pena de provocar a alguno de esos poderes fácticos que, si bien por otros canales y mediante otros medios que bajo las dictaduras, no habrían dejado de ejercer su influencia en los asuntos políticos. Aunque no es menos cierto que esa misma necesidad de entenderse pudo transformarse en un verdadero acicate a la hora de avanzar en el proceso: ante la perspectiva de perder el tren de la democratización, sinónima de salvaguarda de posiciones de supremacía, esas mismas instituciones fácticas pudieron actuar como palancas del cambio en gestación.

Se trató, partiendo del ejemplo español, de ver y comprender en qué medida podían establecerse paralelos con las transiciones en América del Sur y, posteriormente y sin duda en menor medida, en los países del antiguo Bloque del Este, a lo largo de un proceso que Samuel Huntington bautizó como “la tercera ola de la democratización”. En estas jornadas, se buscó pues establecer y definir, a través de ejemplos concretos, el modo de acción y el comportamiento de esos poderes fácticos, en los escenarios precitados, para poner de realce las eventuales similitudes o las inevitables discrepancias. A sabiendas, claro está, de que las situaciones nacionales de partida sólo podían guardar, como nexo de unión, la realidad del cambio de régimen. Por ejemplo, las transiciones española y latinoamericanas ofrecen disimilitudes en cuanto al desarrollo del régimen dictatorial que precedió a la democratización, pero no en lo referente a la realidad del sistema económico imperante, justo antes y justo después del final de las respectivas dictaduras. Algo que, obviamente, no fue el caso para la Unión Soviética o para Hungría, que debieron acometer simultáneamente la llamada “doble transición”, política y económica. Por su parte, la duración de los propios regímenes dictatoriales, en los países del Pacto de Varsovia y en España, no se correspondía con la de los que padecieron Chile o Argentina, con todo lo que ello pudo implicar como consecuencias a nivel social. Ahora bien, a través de los diferentes trabajos recogidos, sí emergen claramente los mecanismos desarrollados por unos poderes fácticos que, en su momento, facilitaron, encauzaron o, al contrario, frenaron o limitaron los procesos transicionales. No todos en el mismo instante, ni con la misma intensidad u objetivos. Pero ninguno de los casos contemplados se libró de su presencia y de su acción. Tal vez, entre los actores políticos de las diferentes transiciones estudiadas, nadie llamara por teléfono a “Don Poder Fáctico”, en expresión de José María Castaños, para recabar su opinión. Pero, bien mirado, tal vez nadie lo hiciera por resultar inútil llamar a quien de todas formas, por tácita aceptación de los comensales públicamente conocidos más que por derecho adquirido, se sentaba a la misma mesa que ellos sin necesidad de ser invitado…

El volumen se abre pues con la Transición en España. Como inequívoco punto de arranque de un estudio comparativo con todas aquellas que se fueron produciendo ulteriormente a lo largo de los quince años siguientes.

En su aportación, Álvaro De Diego se centra en el semanario CRIBA que nació y murió en las postrimerías del franquismo – apenas tres semanas antes del asesinato de Carrero Blanco – y que auspició desde sus páginas la puesta en marcha del cambio esperado tras la muerte del dictador. Desde posiciones próximas a los postulados de Manuel Fraga – y que facilitó la integración de algunos de sus miembros en GODSA –, la publicación defendió la necesaria evolución del régimen “sobre la base de las posibilidades «constitucionales» que estimaba implícitas en la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967”. El proyecto, liderado por personalidades como Díaz Nosty o Bonifacio de la Cuadra, desarrolló una información muy centrada en los temas sociales e internacionales, con una línea progresista que, como indica el autor, llevó a condenar por ejemplo el golpe de Pinochet. Proyectándose hacia el propio porvenir nacional, el semanario abogaba por un reformismo que implicaba un control de los poderes fácticos existentes y que pudieran desvirtuar la aventura que inevitablemente habría de abrirse para España. Lo que, para el autor, en resumidas cuentas, hizo de la publicación “en tanto que medio de comunicación y articulador de iniciativas políticas, […] un evidente catalizador del cambio democrático”.

Siguiendo con los medios de comunicación, no cabe duda de que la televisión también tuvo un papel relevante durante el proceso democratizador. Sobre el mismo versa el trabajo de Jean-Stéphane Duran-Froix. Más especialmente sobre su utilización por el poder fáctico por antonomasia de la transición española: las Fuerzas Armadas. El autor demuestra cómo la institución militar buscó labrarse una imagen de actor de primer plano de la vida política nacional del momento. Tras un recorrido que presenta y analiza la presencia militar en la pequeña pantalla, el artículo se centra en el año de 1981. Y más particularmente en la intentona del 23-F, durante la cual la televisión aportó un testimonio sin duda excepcional de lo acontecido y que favoreció “la brutal desmitificación del ejército tanto en los medios de comunicación como en la opinión pública”. Finalmente, durante los años de transición, las expectativas del Ejército en lo referente a la capacidad de persuasión de la televisión estuvieron muy lejos de concretizarse. Antes al contrario, al conseguir “poner voz e imagen al temor que este poder fáctico inspiraba a la mayoría de los españoles”, la televisión ayudó a darle forma a una realidad en trance de pasar a volverse definitivamente pasado.

Romina de Carli analiza a continuación la actuación de una Iglesia que ya había empezado a distanciarse del régimen a partir del concilio Vaticano II. Demuestra la autora cómo evolucionó el discurso para mejor asentarse como “una fuerza social apolítica” que pudiera desempeñar plenamente su papel en la España en construcción. Y cómo, políticamente hablando, eligió la Iglesia apoyar a la Monarquía, a cambio del “derecho eclesiástico a predicar libremente el mensaje cristiano” aun cuando pudiera resultar crítico. La autora analiza también la espinosa cuestión de la institucionalización o no de las relaciones Estado/Iglesia durante el transcurso de la redacción de la Constitución. De la realidad de una Iglesia como poder fáctico durante la transición da cuenta todo el proceso de ratificación de los acuerdos concordatorios, en los primeros días de enero de 1979, con la Constitución recién aprobada en referéndum. Como concluye la autora, a partir de esa fecha, “la Iglesia católica en España estaba ya preparada para enfrentarse al reto democrático de la alternancia política entre socialistas y “conservadores” en el Gobierno”.

La última contribución sobre el proceso español versa sobre la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y su preocupación, en este caso también, frente a las posibles consecuencias de la elaboración de la Constitución. En su trabajo, Ángeles González Fernández desentraña “el papel que desempeñaron los empresarios en el proceso transicional y su participación en el denominado pacto social, es decir, en la fórmula del consenso” que definiría el período. Como consecuencia de un sentimiento de incertidumbre propio de la situación política del momento, la CEOE no dudó en buscar ejercer presiones que permitieran enfocar el proceso constitucional según unos derroteros considerados como favorables para sus intereses. Ello “se tradujo en la irrupción – a veces virulenta y casi siempre con elevadas dosis de dramatismo – de los empresarios y de sus asociaciones en la escena política”. Con un objetivo único: construir “un nexo indisociable y causal entre democracia representativa y economía de libre mercado”.

Tras el caso español, le llega el turno a las transiciones latinoamericanas, tomando como principal punto de referencia los casos argentino y chileno. Aunque no exclusivamente: la paradójica realidad mexicana no queda fuera del campo de estudio por lo que de excepcional tiene.

Con la Transición española en curso – en noviembre de 1978 todavía quedaba el trámite de la aprobación de la Constitución –, la visita de los Reyes a la Argentina de Videla tuvo un impacto particular a ambos lados del Atlántico. Aunque, como analiza Michèle Guillemont, representó dos maneras muy distintas, casi diametralmente opuestas, de comprender la realidad española. En efecto, la prensa bonaerense incluyó el viaje real dentro del marco de las manifestaciones internacionales – con el Mundial de fútbol recién celebrado entre otras – que venían a ratificar lo acertado de la política desarrollada por la Junta militar. A mil leguas pues de esa otra imagen, trasmitida por la prensa española, de una transición democrática hispana tan ejemplar que podría imponerse como ejemplo en el Cono Sur. Tal diferencia de fondo había de comprenderse en el planteamiento argentino – de la Junta argentina más exactamente – de lo que debía ser y de cómo habría de desarrollarse su propia transición. Lo cual a su vez, según explica el trabajo, no dejó de trascender “en los medios de comunicación que, según el sector militar o económico al que respondían y detrás del que se alineaban” mantenían la ficción de una asimilación entre lo vivido en España desde noviembre de 1975 y lo imaginado por el Proceso de Reorganización Nacional.

Dos aportaciones se centran en el caso chileno. En la primera de ellas, Paula Zabala LLadós presenta un caso peculiar: el de los bautizados por la autora como “poderes fácticos de iure”. Con ello, se refiere a los “grupos de poder que se han posicionado por sobre el poder del Estado, cuya fuerza e influencia política se hallan constitucionalmente amparadas y reforzadas”. Tal paradoja se dio en el contexto chileno debido principalmente al carácter particular de la Constitución de 1980, verdadera “letra de cambio para posibilitar la apertura democrática.”. A partir de tal condicionante, la autora analiza el papel del Ejército y de las fuerzas económicas nacionales en el proceso transicional. Con la consecuencia más evidente para el Chile democrático: la consecución de un ordenamiento político, por no hablar del socio-económico, fundamentalmente inspirado en la ideología de la derecha neoliberal. Tras desbrozar el planteamiento de los diferentes actores que permitieron la salida del régimen pinochetista, la autora señala finalmente que, a pesar de las reformas introducidas progresivamente, las estructuras de poder inducidas por la dictadura y posteriormente consolidadas, siquiera parcialmente, desembocaron, políticamente hablando, en un “diseño que continúa obstaculizando el pleno desarrollo democrático hasta nuestros días”.

En el segundo trabajo consagrado a Chile, Jean-François Macé enmarca su análisis en una transición cuyo desarrollo quedó pues bajo la vigilancia, cuando no el control, de las fuerzas cívico-militares que ejercieron el poder en el régimen dictatorial. El autor se centra principalmente en la cuestión de la Memoria – marginalizada en el proceso español, por ejemplo, y que resurgió como es bien sabido ya entrado el Siglo XXI, con las consiguientes polémicas. En Chile, como lo demuestra Jean-François Macé, el tema de la verdad histórica por preservar o revelar – en función de que se situara el actor político desde la óptica del poder anterior o desde la de las víctimas del mismo – dio pie a la emergencia de un nuevo tipo de poder fáctico: el de las asociaciones y fundaciones que, cada una con su particular credo, buscaron influir en el proceso mismo de la transición emprendida, principalmente en los aspectos legales vinculados al legado histórico de los años pinochetistas. Con todo ello, concluye el autor, se impone la certeza de que en Chile “le processus de démocratisation politique est resté limité et marqué par l’héritage de la dictature”.

El lector encontrará a continuación el estudio de Nathalie Galland sobre el papel de la televisión en México y su capacidad para condicionar – o intentar hacerlo – a la opinión pública. La autora explica cómo, tras casi tres cuartos de siglo de gobiernos priístas ininterrumpidos, el cambio de orientación política en 2000 no significó un reforzamiento real de las instituciones democráticas, siquiera en su normal funcionamiento, sino más bien lo contrario. La razón estribó esencialmente en la acción del duopolio mediático – Televisa y TV Azteca – que mediatizaron “la gobernabilidad democrática en el marco del dominio desatado de poderes fácticos salvajes, que mastican una democracia de fachada”. La concretización de esa “cuarta república mediática” – muy directamente relacionada con el predominio neoliberal – sustenta así la existencia de lo que la autora califica de “semiestado” y que resulta ser la consecuencia directa de unos poderes fácticos que ejercen fuera de todo control democrático.

En el trabajo que concluye este apartado, Elíes Furió y Matilde Alonso desarrollan un análisis tendente a esclarecer, finalmente, las consecuencias de esas transiciones en el conjunto latinoamericano, desde una perspectiva económica, pero buscando simultáneamente “catalogar los diferentes países en función de la calidad de sus instituciones democráticas”. En otras palabras, se determinan pues el impacto y la eventual plusvalía que pudieron aportar esos poderes fácticos, enfocando no tanto su modo de actuación en el período mismo de la transición como, ya mirando hacia atrás, el grado de consecución de los objetivos señalados en su momento. Como lo anuncian los autores, “para los países que recientemente han accedido a la vida democrática, la resistencia y la solvencia democráticas, a menudo, se han puesto en cuestión ante situaciones económicas muy graves como la surgida de la Gran Recesión”. En otras palabras, para mejor comprender la realidad económica y socioeconómica de Latinoamérica es imposible obviar lo que los autores califican de heterogeneidad “en los perfiles institucionales y en los resultados de las mismas” que definen al conjunto.

El volumen se cierra con dos contribuciones que, desde una óptica comparativa, vienen a analizar lo acontecido en los otrora países del Este y su relación – de similitud o de divergencia – con los procesos anteriormente estudiados.

Ludmila Okouneva establece así las diferentes conexiones que, salvando las distancias, se dan entre las transiciones brasileña y rusa. Para la autora, se evidencian principalmente en lo referente al papel del liderazgo como arma de comunicación. Lo cual lleva a centrarse en los mecanismos desarrollados por los partidos políticos. El trabajo plantea la cuestión del populismo, encarnado por la aparición de nuevos líderes políticos, que cundió en ambos procesos, nutriéndose de un discurso que se oponía “aux partis et à toutes les autres politiques anciennes”. Es precisamente, según la autora, la incapacidad de esos partidos para actuar en nombre de la sociedad en su conjunto – es decir, para asumir su función de representación – lo que determinó y favoreció el arraigo del populismo, a través de la mediatización de la figura del “líder carismático”, en la escena política. En otras palabras, lo que permitió a personajes como Collor alcanzar la jefatura del Estado o a Jirinovski desempeñar el papel que fue el suyo – sin duda meteórico a la vez por fulgurante y por fugaz, pero no menos real, habría sido en definitiva la exacerbación del ejercicio de un poder por parte de unos partidos – ciertamente mayoritarios, pero, sobre todo, convencidos de representar el fundamento incuestionable de la estructura política nacional – en favor de sus propios intereses. Un poder, de hecho y no de derecho, que venía así a sojuzgar a las autoridades legítimamente instauradas, poniéndolas al servicio de lo que la profesora Okouneva califica como “les riches, les omnipotents”. Con una consecuencia visible: ese populismo triunfante, parcialmente o no, conllevó la instauración no de una democracia plena, sino del llamado nuevo autoritarismo, “né sur la vague de la méfiance envers les institutions représentatives”.

Por su parte, István Szylági analiza el papel de los poderes fácticos en las denominadas “transiciones triples” a lo largo de las décadas de los años ochenta y noventa. Apoyándose en los ejemplos polaco y húngaro, y tras elaborar una reflexión teórica para definir lo que son los poderes fácticos y sus márgenes de actuación, el autor se centra en el estudio de los más clásicos – Ejército, Iglesia y medios de comunicación – aunque también incluye aquellos que fueron obviamente específicos de las transiciones abordadas: las minorías étnicas y las llamadas Mesas Redondas Nacionales que, por su misma formación, fueron elementos capitales para la transformación desde dentro de los diferentes regímenes analizados. Como concluye el trabajo, “en los casos de Europa del Este durante los años noventa, los poderes fácticos apoyaron y promovieron las transiciones políticas y los cambios de sistemas, favoreciendo en definitiva el establecimiento y la consolidación de las nuevas democracias”. Con todo lo que supuso, e iba a suponer, en el establecimiento y la consolidación de un nuevo orden internacional.

BIBLIOGRAFÍA

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Cacho, Jesús (1999). El precio del poder, Madrid: Foca.

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Garcés, Joan (2008). Soberanos e intervenidos, Madrid: Siglo XXI.

Hungtinton, Samuel (1994). La tercera ola, Barcelona: Paidós.

Entrevista con el pensador chileno Hugo Zemelman, 13/08/2012, http://www.contrapunto.com.sv/politica/democracia-sistema-ideal-de-poderes-facticos